Yolanda Díaz reafirma su compromiso con la modificación de la Ley de Desindexación

Martes, 17 de diciembre 2024

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha reafirmado su compromiso de reformar la Ley de Desindexación, al considerar que perjudica la calidad de los servicios públicos y las condiciones laborales de sectores esenciales como dependencia, limpieza y cuidados. La normativa impide a las empresas concesionarias revisar precios en contratos públicos pese al aumento de costes, afecta a 1,2 millones de trabajadores y genera precariedad.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha reiterado su firme compromiso para modificar la Ley de Desindexación. El marco fue el 29º Congreso Federal de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT FICA), celebrado en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, la pasada semana.

Durante su intervención Díaz ha destacado cómo esta normativa, que procede de una situación económica negativa muy distinta a la actual, perjudica tanto a la calidad de los servicios públicos como a las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras que los prestan.

“La Ley de Desindexación perjudica a los servicios de dependencia, los cuidados, la limpieza, los servicios deportivos y otros servicios públicos fundamentales que se prestan hoy en España. Esta ley ha hecho recaer sus efectos en los trabajadores y trabajadoras, especialmente los más vulnerables, y en la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos”, ha declarado Díaz, que ha añadido: “Voy a seguir defendiendo públicamente esto y a cumplir con mi compromiso como ministra de Trabajo: hay que cambiar esta ley”.

El impacto en los servicios esenciales

La Ley de Desindexación y su incorporación a la Ley de Contratos del Sector Público en 2017 han generado un marco en el que las empresas concesionarias de servicios esenciales no pueden revisar los precios de sus contratos, incluso en contextos de incremento de costes derivados de materias primas, energía o cambios legislativos como el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Esto ha llevado a un estrangulamiento financiero que afecta tanto a las empresas como a las condiciones laborales de más de 1,2 millones de personas trabajadoras.

En este sentido, Díaz ha subrayado la importancia de garantizar un entorno regulatorio que permita una mayor sostenibilidad para las empresas y una mejora en las condiciones laborales. “Es momento de cooperar y garantizar que los procesos de licitación pública prioricen la calidad y las condiciones dignas sobre el precio”.

Compromiso con la reforma

Díaz se ha comprometido a trabajar desde el grupo parlamentario que lidera, Sumar, para lograr la modificación de esta ley: “Creo que hay que cambiar esta ley porque, si subimos el SMI, obviamente esto debe ser compensado en los procesos de licitación pública”, ha reiterado.

Adicionalmente, la ministra ha recordado que el sector de los servicios esenciales es clave para el correcto funcionamiento del sistema productivo y la calidad de vida de los ciudadanos. “Este sector no solo es fundamental para la economía, sino que también refleja los valores de nuestra sociedad. Necesitamos garantizar su sostenibilidad y la dignidad de quienes trabajan en él”.

Un esfuerzo conjunto

Esta iniciativa cuenta con el apoyo de sindicatos como UGT y CCOO, así como de un gran número de asociaciones y confederaciones empresariales agrupadas en Alianzas, quienes han señalado en reiteradas ocasiones la urgencia de esta modificación normativa para garantizar un sistema más justo y sostenible. En reuniones recientes, los actores sociales han puesto de manifiesto que la falta de revisión de precios en contratos públicos perpetúa un modelo de precariedad laboral y afecta negativamente la prestación de servicios esenciales para la ciudadanía.

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