Miércoles, 25 de junio 2025
El Gobierno prepara el decreto para regular la calidad de la comida en residencias y hospitales y ha abierto un periodo de consulta pública para recoger opiniones de ciudadanos y profesionales. Josep de Martí, director del portal Inforesidencias, se hace eco de un sector que reclama diálogo y consenso para garantizar que la normativa sea viable y tenga en cuenta tanto la salud como las preferencias de los residentes.
Recientemente, el Gobierno ha anunciado su intención de regular por decreto la calidad de la comida que se sirve en hospitales y residencias de personas mayores. La iniciativa parte del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, encabezado por Pablo Bustinduy, y cuenta al parecer con el apoyo del Ministerio de Sanidad. De momento, no se ha publicado el borrador del anteproyecto, pero ya se ha abierto un período de consulta pública para recoger aportaciones de ciudadanos y profesionales.
La medida parece inspirarse en el reciente real decreto sobre menús escolares saludables, y suena bien sobre el papel: menús más sanos, más sostenibles, más equilibrados. ¿Quién podría oponerse a algo así? Sin embargo, cuando se trata de legislar sobre la vida cotidiana de miles de personas mayores, conviene hilar fino. Porque si no se tiene en cuenta la realidad de quienes gestionan las residencias, ni se escucha a quienes viven en ellas, corremos el riesgo de quedarnos en un ejercicio de intenciones loables, pero desconectadas.
No deja de llamar la atención que una iniciativa con tanto calado se haya anunciado sin diálogo previo con las patronales del sector. Así lo denuncian en un artículo publicado recientemente en Dependencia.info las principales organizaciones representativas, que alertan de la falta de consenso y reclaman que se trabaje por un modelo viable y compartido entre todos los actores implicados .
No es la primera vez que abordo este asunto. Hace ya un tiempo escribí una tribuna titulada ‘Desnutrición y residencias. Veinte años después’, en la que repasaba cómo había evolucionado el debate sobre la alimentación en los centros geriátricos desde principios de los 2000 (Dependencia.info, 2023). En ella ya advertía que, aunque hemos avanzado mucho en garantizar menús equilibrados y adaptados a las necesidades nutricionales, todavía quedaba un largo camino para lograr que las personas mayores coman de forma general con gusto y con libertad.
Y es que si hay algo que saben bien las directoras de residencias es que la comida, junto con el lavado de ropa, es uno de los aspectos que más quejas genera. Pero también es uno de los ámbitos en los que más empeño ponen los equipos de los centros. Porque saben que alimentar no es solo nutrir. Es cuidar. Y hacerlo en un entorno donde cada residente llega con una historia culinaria distinta, con sus gustos, rutinas y manías, no es fácil.
Todas las residencias, por obligación normativa, tienen menús revisados por médicos o nutricionistas. Y muchas incorporan, además, elementos como la personalización de dietas, texturas adaptadas o platos típicos para fechas señaladas. Cada vez, además, hay más residencias que ofrecen menús alternativos. Lo que no tienen, en general, es margen para experimentar, no porque no quieran, sino porque hay que mantener el equilibrio entre lo que es sano y lo que la gente realmente quiere comer.
Y ahí está la clave. Hay que encontrar un punto justo entre salud y placer; entre necesidad y preferencia. Hay que escuchar. Porque ¿a cuántas personas mayores se ha consultado sobre este decreto? ¿Quién ha preguntado a los residentes si preferirían volver a probar las lentejas con chorizo de su infancia?
Lo saludable es importante. Lo sostenible también. Pero si queremos acertar, hay que preguntar primero. A quienes viven en las residencias, a sus familias, y a quienes, día tras día, planifican menús y supervisan platos que llegan a las mesas de miles de personas mayores. Y preguntar supone aceptar que quizás la respuesta no nos guste.
Este proyecto, que, si existe, no he podido leer porque no lo he encontrado, puede acabar bien. El periodo de consulta está abierto. Todavía estamos a tiempo de que la norma final tenga en cuenta la voz de los protagonistas. Y, por supuesto, si el resultado final implica mejoras que encarecen el coste de los menús, como parece probable, también habrá que responder con una pregunta nada menor: ¿quién lo paga?
Porque si se legisla a base de buenas intenciones, pero no se acompaña con financiación, lo único que serviremos serán frustraciones.