Neus Colet, dtra. gral. Contratación Pública - Generalitat de Catalunya

“En la compra pública alimentaria se priorizarán criterios de calidad por encima del precio”

29-11-2022

Desde hace un año, Neus Colet está al frente de la Dirección General de Contratación Pública de la Generalitat de Catalunya, un ámbito en el que tiene una sólida experiencia y formación. La firma de un acuerdo de Gobierno en mayo de 2022, para garantizar una compra pública alimentaria más sana, justa y sostenible, constituye una importante herramienta para mejorar la calidad de los servicios, apoyar el tejido productivo y minimizar el impacto ambiental.

El nuevo acuerdo de Gobierno firmado por la administración catalana es histórico porque implica a ocho departamentos de la Generalitat de Catalunya y afecta a toda la contratación de productos agroalimentarios de centros escolares y de investigación, hospitales, universidades, residencias de mayores, centros de acogida y penitenciarios… El objetivo del acuerdo es garantizar que en los comedores de todos estos centros de carácter público se consuman mayoritariamente productos frescos, de temporada, de proximidad, de producción ecológica, integrada o de calidad diferencial.

Su medida más destacada establece que, para que el precio no vaya en detrimento de la calidad del servicio en la adjudicación de los contratos, este será fijo (si el contrato lo permite) o su valoración no superará nunca el 20% del total de la oferta a evaluar.

Estas medidas se consolidarán con una ley que se presentará en el Parlamento catalán en 2023 y serán decisivas para dar alas a las Llotges de Productes de Proximitat de Catalunya (Lonjas de Productos de Proximidad de Catalunya), una iniciativa de la que hemos hablado en anteriores publicaciones y que cuenta con el apoyo del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya.

– ¿Por qué es tan importante el nuevo acuerdo de gobierno de la Generalitat de Catalunya sobre contratación pública agroalimentaria adoptado el 31 de mayo de este año?
– Porque incide no solo en los contratos que son estrictamente de compra de productos alimentarios, sino también en todas aquellas concesiones de servicios de comedores colectivos o servicios que comportan la prestación de este servicio: más allá de las escuelas, incluye hospitales, centros y residencias de gente mayor, de atención a mujeres e hijos víctimas de violencias machistas, centros penitenciarios y de justicia juvenil… En definitiva, que con independencia de la modalidad contractual que haya adoptado quien tiene la competencia, si figura la prestación de aquel servicio como una de las condiciones que conforma el objeto del contrato, tiene que cumplir los objetivos y previsiones del acuerdo de gobierno.

Este acuerdo tiene carácter imperativo para toda la administración de la Generalitat y todo el sector público vinculado, pero prevé adicionalmente que tanto los entes que forman el mundo local como las universidades públicas y centros de investigación se puedan adherir voluntariamente a su aplicación. De hecho, se trata de la medida subsiguiente en el Plan de Compra Pública Alimentaria de 2015.

– ¿Cuáles son los principales ejes de este acuerdo?
– Básicamente, promover mediante el establecimiento tanto de las cláusulas como de prescripciones técnicas en los pliegos una alimentación saludable y de calidad, el fomento de la adquisición de productos de temporada, frescos, de calidad diferenciada, de venta de proximidad, de producción agraria ecológica y de producción integrada. Justamente por eso se prioriza la valoración de estos aspectos por encima de la valoración del criterio precio en estos contratos.

En paralelo, todas las medidas previstas tienen un objetivo asociado, que es minimizar el impacto ambiental producido esencialmente por el transporte de los alimentos, disminuyendo los niveles de emisión de gases de efecto invernadero, y también favorecer la reducción de residuos no reutilizables y del despilfarro de alimentos. Además, se pretende apoyar el tejido productivo del sector, con especial incidencia en medianas y pequeñas empresas y en el sector primario.

– La medida más destacada, entonces, es que el precio no constituya el principal criterio para adjudicar un contrato…
– Efectivamente, en el marco de la valoración de ofertas se establece que el precio no puede ser el factor determinante en la adjudicación del contrato y se priorizará la calidad. Por eso, el acuerdo de gobierno prevé expresamente que la valoración del precio no pueda suponer nunca un porcentaje superior al 20% del valor total de la oferta, con el fin de asegurar que el precio no vaya en detrimento otros criterios necesarios para garantizar una alimentación saludable.

En cuanto a la ejecución de este acuerdo, es la Dirección General de Contratación Pública de la Generalitat de Catalunya la encargada de elaborar los modelos de cláusulas y facilitárselos a los servicios técnicos de contratación para aterrizar estas previsiones, con la colaboración del resto de entes implicados.

– ¿Cómo puede beneficiar este acuerdo a las empresas del sector de la restauración colectiva?
– Hay que enfatizar la importancia de su elemento diferencial: que el precio ya no puede ser determinante, o bien porque en cada ámbito no se fije un precio que esté sujeto a evaluación, o en el caso de que se valore el precio, este no tendrá el mayor peso en los criterios de valoración. La priorización de la calidad alimentaria en el ámbito público y en la restauración colectiva ha de tener un impacto en los modelos de consumo alimentario, cosa que contribuirá a impulsar la transformación del sistema productivo agroalimentario y también del modelo de provisión de servicios de la restauración colectiva.

Firme propósito de simplificar la burocracia administrativa

– Una queja habitual tanto por parte de las empresas de restauración como por los productores de alimentos es que la burocracia administrativa es un gran obstáculo en la hora de formalizar contratos. ¿Qué medidas han tomado para simplificar estos trámites a menudo demasiados complicados?
– Hay que reconocer que el marco contractual en España no se ha caracterizado por la simplificación en la burocracia administrativa asociada a las licitaciones, cosa que tiene un impacto importante en determinados sectores, en general el de las pymes. Sin embargo, progresivamente la normativa ha ido poniendo medidas de simplificación de estas tramitaciones. En el caso de Catalunya, ya en 2005 y como proyecto pionero, se puso en funcionamiento una herramienta de configuración totalmente electrónica, que es el registro electrónico de empresas licitadoras (RELI), con la voluntad de facilitar el acceso desde la vertiente de la simplificación de los trámites, y de este modo reducir los costes de transacción que para las empresas comporta el procedimiento de licitación contractual.

Adicionalmente y desde entonces, se han adoptado diferentes medidas por parte del Gobierno de la Generalitat (en la medida que nuestra competencia legislativa lo permite) para seguir profundizando en esta simplificación y facilitar el acceso a la contratación pública, que tiene que culminar en la adopción bastante inminente de un nuevo acuerdo de gobierno que incluya medidas en este sentido. A la vez, cabe destacar que la ‘Estrategia catalana de mejora de compra pública’ (agosto de 2022), prevé, entre otras medidas, la aprobación de una ley de contratos de Catalunya que simplifique los procesos para ganar agilidad, eficacia, transparencia, calidad, y productos y servicios de proximidad. Estamos trabajando en esto.




– ¿Ya hay fecha para presentar esa ley de contratación en el Parlament de Catalunya?
– Durante el año 2023, no necesariamente al principio, se llevará al Parlament. Es una ley compleja, con una tramitación larga y por eso, en paralelo, trabajaremos con acuerdos de gobierno que avancen medidas en este sentido. Contextualizándolo con el problema de las cargas burocráticas y haciendo un uso intensivo del DEUC (Documento Europeo Único de Contratación), una declaración responsable de los licitadores, exonera de presentar toda la documentación con carácter general hasta el momento en que son propuestos como adjudicatarios.

– ¿Cómo afecta el nuevo proyecto de Real Decreto para el fomento de una alimentación saludable y sostenible en centros educativos publicado por el Ministerio de Consumo en la aplicación del acuerdo de gobierno sobre contratación pública agroalimentaria?
– El reglamento del Estado, de acuerdo con el texto que conocemos a estas alturas, se focaliza solo en el ámbito de los comedores escolares, y el espectro de aplicación de nuestro acuerdo de gobierno es mucho más amplio. En su caso, estas previsiones del reglamento estatal complementarían las normas que la Generalitat de Catalunya tiene en el ejercicio de sus competencias sectoriales, particularmente en el ámbito de los centros educativos. El proyecto, si bien hace referencia a aspectos de contratación pública, no prevé medidas específicas para la configuración o el peso que estos aspectos deben tener en la contratación. Por lo tanto, habrá que ver cómo se aprueba finalmente.

Una valoración muy positiva de las ‘llotges’

– ¿Hasta qué punto la puesta en marcha del proyecto Llotges de Productes de Proximitat de Catalunya (Lonjas de Productos de Proximidad de Catalunya) podría servir para garantizar una compra pública alimentaría sana, justa y sostenible para todo el mundo?
– Podemos calificar de muy positiva la valoración del proyecto desde el punto de vista de la compra pública, básicamente porque la provisión de bienes y servicios en este ámbito tiene que permitir garantizar la provisión de productos de calidad en los términos a los que me he referido.

Entendemos que las lonjas o plataformas similares tienen que articular sus prestaciones como soluciones globales de provisión de los alimentos que cumplan estos objetivos. Este tipo de iniciativa está llamada a ser una herramienta operativa para provisionar todos estos productos de proximidad, desde los productores a los prestamistas de los servicios de la restauración. El hecho que haya un punto en el que los operadores reciban una oferta global de productos, no dispersa y no atomizada, facilitando la gestión de las compras.

Destacar que la colaboración entre los dos colectivos, productores y operadores de restauración, es particularmente importante a efectos de programar las necesidades de compra y, por tanto, también programar la producción. En este sentido, hace tiempo que la Generalitat de Catalunya fue pionera en publicar en su web de manera abierta y accesible a todo el mundo la programación de todos los contratos que gestiona y también lo hará con los que incorporan servicios vinculados a la adquisición de productos alimentarios.




– ¿Cómo se está apoyando desde la dirección general de Contratación Pública de la Generalitat de Catalunya la iniciativa de las lonjas?
– En primer término, programando y haciendo difusión y sensibilización a los órganos de contratación y a sus servicios, a los compradores públicos en general, sobre la necesidad de implantación de las medidas. Particularmente, entre aquellas entidades que se plantean la adhesión a las medidas del acuerdo de gobierno de forma voluntaria: universidades, centros de investigación…

Empezamos por una participación en sus jornadas, y luego creando una mesa específica en la jornada ‘La contratación y las pymes’ del pasado mes de julio. Actualmente, estamos trabajando para hacer un seguimiento en la aplicación de las medidas y poder analizar y valorar sus impactos desde diferentes perspectivas. Por supuesto, también teniendo en cuenta costes y resultados de las obligaciones contractuales, efectuados por quienes tienen la responsabilidad de los contratos.

Al mismo tiempo, hemos articulado la manera de tener conocimiento de las entidades del mundo local que se van adhiriendo, mediante un formulario en el cual nos comunican el acuerdo, e intentaremos también en la medida de lo posible hacer el seguimiento de implantación. Y en general, haremos todo lo que esté en nuestras manos para simplificar, mejorar y hacer menos costosa desde un punto de vista burocrático la participación de las lonjas en los procesos de contratación pública.

– ¿En qué situación está el diálogo entre empresas del sector de las colectividades y administración? ¿Qué iniciativas serían necesarias desde su punto de vista para tener una comunicación más directa?
– Desde la Dirección General de Contratación Pública tenemos la puerta abierta para establecer una línea de comunicación directa y continua con todas las organizaciones y colectivos empresariales de nuestro país, también el que representa el sector de la restauración colectiva. Asimismo, estamos encantados de participar en cualquier iniciativa, jornada o congreso que se nos proponga.

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