Miércoles, 30 de abril 2014
El Parlament de Catalunya ha dado luz verde a una propuesta de resolución sobre la incorporación de alimentos de proximidad en las compras de la administración y sobre la elaboración de un plan de contratación pública alimentaria.
El pasado 30 de abril, el Parlament de Catalunya dio luz verde a una propuesta de resolución que orienta las compras públicas alimentarias de la Generalitat de Catalunya. Se trata de una propuesta sobre la incorporación de alimentos de proximidad en las compras que hace la administración y sobre la elaboración de un plan de contratación pública alimentaria. La propuesta fue presentada el pasado 18 de diciembre por el grupo parlamentario Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa y ahora ha sido votada a favor por todos los miembros de la cámara.
Las diferentes administraciones públicas son el principal cliente de compras alimentarias. Según datos de la asociación VFS, Justicia Alimentaria Global, la Generalitat de Catalunya y demás entes públicos catalanes gastan entre 200 y 300 millones de euros anuales en compras de alimentos y servicios de restauración. Si esta compra se realizara en mercados locales y en explotaciones pequeñas y medianas dentro del territorio se podrían llegar a generar hasta 100.000 puestos de trabajo.
Tal como expresa literalmente la propuesta, “si este volumen de compras se realizase en mercados de proximidad, estaríamos ante un catalizador definitivo para crear, fortalecer y extender una red de mercados locales viables con consecuencias muy importantes a nivel económico, social, medioambiental y cultural”. Todo ello además, se adapta a las recomendaciones del Libro verde de la compra pública en la Unión Europea y al informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, sobre cómo mejorar las estrategias de la cadena alimentaria en la UE.
Así pues, el objetivo de la propuesta es crear ocupación e impulsar los mercados locales; la dinamización territorial y el apoyo al tejido empresarial a pequeña escala como base nuclear de nuestra economía; apoyo a la diversificación e innovación como motores fundamentales para la generación de puestos de trabajo; incentivar el desarrollo rural; apoyar la viabilidad de las explotaciones familiares agrarias; y favorecer determinados aspectos ambientales y la sostenibilidad en general.
Destacar que existen múltiples ejemplos en Europa que van en la misma dirección como las iniciativas en Francia (Rhone-Alps) donde se satisface la demanda alimentaria en una área de influencia de más de seis millones de personas con productos de proximidad; o el ejemplo de la zona Emilia-Romagna, en Italia, cuyo objetivo se centra en la introducción de alimentos ecológicos locales y tradicionales en los comedores escolares.
Compra pública de proximidad de un 20% del total, en dos años
Con esta votación se insta al Gobierno catalán a que impulse un Plan de contratación pública alimentaria con criterios sociales y ambientales que garantice que en un plazo de dos años la compra pública de proximidad sea de un 20% respecto a la compra global anual, priorizando esta compra en colectividades como hospitales, residencias de personas mayores, centros penitenciarios y centros tutelados de acogida de menores.
En definitiva se trata de incluir cláusulas de licitación que permitan y faciliten la compra de alimentos basados en la producción local y familiar, integrando criterios de sotenibilidad.
Rechazo en el congreso de los diputados
Una propuesta similar fue rechazada en el Congreso de los Diputados el pasado 13 de marzo donde recibió el apoyo de todos los grupos parlamentarios pero no pudo prosperar debido a la oposición del grupo popular.
De haberse aprobado, la PNL a nivel estatal, podría haber supuesto un importante paso para asegurar el futuro de la agricultura y la alimentación en el estado español. El sector de la restauración colectiva destina entre 2.000 y 3.000 millones de euros, si este monto se invirtiera en producto local, hubiera significado un gran empujón para el sector agrario.
Ya en aquel momento las organizaciones impulsoras de la campaña VSF Justicia Alimentaria Global, COAG y CEAPA valoraban muy positivamente el apoyo recibido por los grupos y les instaban a actuar de forma coherente iniciando acciones por la compra pública de proximidad en el ámbito de sus competencias autonómicas.
Propuesta de resolución (página 35; texto en catalán).
Enmienda (página, 44; texto en catalán).