Comunicado oficial de Aercan respecto al mantenimiento del empleo en el sector

30-04-2020

Las patronales andaluzas de las empresas de comedores escolares y extraescolares han mandado un comunicado denunciando las medidas de la Junta de Andalucía para mantener el empleo en el sector. Éstas dejan desatendidos a casi 14.000 trabajadores y presuponen que las empresas, que ya trabajaban en unas condiciones económicas límite, con los precios de los servicios congelados desde hace 11 años, puedan tener liquidez o financiar este gasto, con la actividad y los cobros completamente suspendidos.

“La Federación Andaluza de Empresas Educativas y Servicios Socioculturales (Faesc) y la Asociación de Empresas de Restauración Colectiva de Andalucía (Aercan), patronales de las empresas que prestan los servicios complementarios de matinal, comedor escolar, y extraescolares, así como otros planes y programas educativos dependientes de la Consejería de Educación y Deporte, quieren manifestar su rechazo y sorpresa ante la publicación de las noticias aparecidas recientemente en prensa, que sostienen que la convalidación parlamentaria del Decreto Ley 7/2020, suponga garantizar los pagos y el mantenimiento del empleo para las empresas y trabajadores que prestaban servicios en los distintos ámbitos de la Administración, afectados por el cierre total de actividad por el Covid–19.

La realidad es que la aplicación de dicho Decreto, como muy bien sabe la Consejería de Educación y Deporte, afectaría exclusivamente a los denominados contratos de servicios. Dentro de la contratación de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), estos contratos de servicios sólo representan el 46% del total, por lo que menos de la mitad de los servicios y empleos estarían en principio, cubiertos por estas medidas. En este sentido, es de destacar que quedarían especialmente desprotegidos los contratos de comedores escolares (el 95% son de concesión y no les afectaría) y los de aula matinal (al 80% no le afectaría).

Por tanto, para el resto de la actividad, que supone un 54% del total y que serían los denominados contratos de concesión y que ocupan más de 13.800 trabajadores, no sería de aplicación el referido DL 7/2020, a pesar de los múltiples requerimientos de las patronales para que lo fuera, por lo que para estos contratos, sería de aplicación el art. 34.4 del RDL 8/2020 del Gobierno de España. Esto significa que para que las empresas pudieran mantener estos empleos, adscritos a este tipo de contratos, deberían adelantar el pago íntegro de los salarios hasta la finalización del curso escolar y esperar muchos meses más, a ser resarcidos parcialmente por la Administración, mediante el mecanismo de reequilibrio económico previsto en el citado RDL 8/2020. Es una falacia pretender que las empresas del sector, que ya trabajaban en unas condiciones económicas límite, con los precios públicos de los servicios congelados desde hace 11 años, puedan tener liquidez o financiar este gasto millonario, con la actividad y los cobros completamente suspendidos.

Incluso, para los contratos de servicios, que sí son regulados por el DL 7/2020, y sobre los que sí se establece un mecanismo de abono a cuenta de los gastos salariales, hemos de manifestar que además de no haberse puesto en marcha aún este mecanismo, los porcentajes de abono dados a conocer por la consejería, son manifiestamente insuficientes para cubrir los costes salariales.

Esta situación, obligará necesariamente a las empresas a la presentación de ERTEs, para garantizar el cobro de los salarios para los trabajadores. De no hacerlo o incluso, para el caso de que estos no fueran aceptados por la autoridad laboral, las consecuencias serían el inmediato impago de salarios a los trabajadores y la quiebra técnica de las empresas del sector.

Sorprende que esta gravísima situación, conocida perfectamente por los sindicatos a los que reconocemos su apoyo en estos momentos, sea silenciada por la administración competente y, al parecer, ignorada por el resto de grupos parlamentarios, por lo que instamos a todos ellos a la aplicación efectiva de medidas que garanticen el mantenimiento del empleo y la viabilidad empresarial”.

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