Martes, 17 de septiembre 2024
Alianzas, representante de diversas patronales del sector de servicios esenciales, y los sindicatos de trabajadores UGT y CCOO acuerdan reivindicar conjuntamente la necesidad de una revisión de precios en los contratos públicos para evitar el estrangulamiento financiero de las empresas prestatarias y favorecer la mejora de condiciones laborales. La actual Ley de Desindexación impide ajustar los precios ante el aumento de costes y también permite la prórroga unilateral de contratos.
Alianzas, una iniciativa que nació para representar y defender los intereses del sector de los servicios esenciales, y las organizaciones sindicales UGT-Servicios Públicos y Comisiones Obreras del Hábitat, han firmado un documento por el que instan una revisión de precios en la contratación pública de servicios. Las asociaciones empresariales del sector y sindicatos se comprometen a defender de forma conjunta y coordinada ante la Administración Central y grupos parlamentarios la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público.
En la actualidad, la Ley de Desindexación, aprobada en 2015 e incorporada a la Ley de Contratos del Sector Público en 2017, imposibilita la revisión de precios de una licitación pública, independientemente, en el caso de los servicios esenciales, de los factores que incrementan los costes de toda la cadena de valor, ya sean en relación a materias primas, energía o de carácter laboral.
Asimismo, la actual legislación permite incluso que contratos firmados en el pasado se puedan prorrogar unilateralmente por parte de la Administración, sin tener en cuenta las nuevas circunstancias de encarecimiento de precios o legislación laboral. A esto se suma otra problemática derivada que impacta en las propias administraciones a la hora de prestar el servicio público a los ciudadanos, y es el elevado número de concursos que quedan desiertos ante la falta de concurrencia. Según la ‘Oficina independiente de regulación y supervisión de la contratación’ (Oirescon), estos pasaron del 18% en 2019 al 29% en 2022, una tendencia que se vio amortiguada en 2023 debido al gran número de licitaciones relacionadas con los fondos europeos.