La Ley 2/2023, que transpone la Directiva Europea sobre protección al informante, obliga a empresas con más de 50 empleados, administraciones públicas y fundaciones con fondos públicos a implantar un sistema interno de información. Es un canal seguro y anónimo que busca prevenir la corrupción y gestionar denuncias. Es un artículo de Luis Ribó, director general de la empresa especializada en creación de canales de denuncia, Bcn-resol.

La digitalización de la gestión del desperdicio en restauración colectiva permite cumplir la normativa, reducir costes y mejorar la sostenibilidad. Rafa Liñán, CEO de Andy, experto en digitalización de operaciones y autor de este artículo, considera que la normativa será más exigente con el tiempo por lo que serán necesarias herramientas digitales que faciliten el registro, análisis y trazabilidad de las mermas, convirtiendo la obligación legal en una oportunidad de ahorro y eficiencia.

La nueva Ley de Prevención de la Pérdida y el Desperdicio Alimentario en España busca reducir el despilfarro de alimentos en toda la cadena, desde la producción hasta el consumo. Incluye medidas como donaciones, transformación de excedentes, educación, campañas informativas y un etiquetado más claro. Elodia Puig, de la consultora especializada Secualiment, analiza la ley prestando especial atención a las posibles ventajas competitivas que pueden suponer para los negocios de RC.

El sector de la restauración colectiva apuesta por proveedores locales para ofrecer menús más saludables, sostenibles y adaptados a las necesidades de los usuarios. Esta tendencia, impulsada por la demanda de productos frescos y de calidad, favorece la economía local, reduce la huella ambiental y mejora la trazabilidad y seguridad alimentaria. Además, permite una mayor personalización, innovación y capacidad de respuesta ante imprevistos en el servicio.

Acellec critica que el informe del Síndic de Greuges sobre el ocio educativo en Catalunya ignore la realidad empresarial y el papel clave de las pymes en la provisión de servicios. La patronal reclama mayor reconocimiento institucional y advierte que la universalización del ocio educativo es inviable sin la participación de pequeñas y medianas empresas. También apoya la mejora de servicios y la necesidad de políticas inclusivas y bien dotadas de recursos.