La Ley 2/2023, que transpone la Directiva Europea sobre protección al informante, obliga a empresas con más de 50 empleados, administraciones públicas y fundaciones con fondos públicos a implantar un sistema interno de información. Es un canal seguro y anónimo que busca prevenir la corrupción y gestionar denuncias. Es un artículo de Luis Ribó, director general de la empresa especializada en creación de canales de denuncia, Bcn-resol.