Las empresas de restauración colectiva se enfrentan a un importante aumento de costes derivado de la subida del precio de las materias primas alimentarias e industriales. No es un problema exclusivo del sector, pero sí lo es la imposibilidad de repercutir esos aumentos ya que la mayoría de servicios dependen de concursos públicos o de contratos cerrados anualmente. Para entender un poco mejor como se está viviendo esta ‘crisis inflacionista’, hemos hablado con Albert Planas, director de Compras y Logística de Serunion.

Hasta el próximo 1 de diciembre está abierto el plazo de consulta pública del anteproyecto de ley de Prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, para que cualquier ciudadano, empresa u organización pueda hacer llegar sus aportaciones. Es el momento de implicarse para que la ley aprobada sea útil y adecuada al sector de las colectividades, para que pueda cumplir con sus objetivos a la práctica.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 11 de octubre el proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario; una normativa concebida para reducir el despilfarro de alimentos y para fomentar un mejor aprovechamiento de los mismos. La norma implica a toda la cadena alimentaria, prioriza la donación, obligará a las colectividades a contar con programas de prevención y reducción del desperdicio alimentario e incluye también un régimen sancionador.