El Gobierno aprobó a finales de marzo una legislación de urgencia aplicable a los contratos públicos durante el estado de alarma. Son normas que abarcan una amplia variedad de supuestos y de categorías contractuales, entre las que comentamos las referidas a los contratos de servicios, de suministros y concesiones de servicios (contratos que con mayor frecuencia se celebran en el sector restauración colectiva). En ella se establecen las reglas de suspensión de contrato, ampliación o modificación de cláusulas económicas.