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La crisis obliga a muchas familias a sacar a sus mayores de las residencias
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La crisis obliga a muchas familias a sacar a sus mayores de las residencias

18-03-2013

A un buen número de familias no les ha quedado otra opción que acoger a los mayores en sus casas ante la imposibilidad de hacer frente a los gastos que supone la estancia en una residencia de la tercera edad, en una media de unos 1.600 euros mensuales y del doble si se trata de una cama en alguno de los establecimientos más elitistas. Y se nota. Prácticamente ningún centro cierra su balance anual sin plazas libres. En 2009, uno de cada cinco tenía colgado el cartel de completo.

El largo brazo de la crisis se extiende por todas partes. También ha llegado a las residencias de la tercera edad, un nicho de mercado en el que, en plena burbuja inmobiliaria, se embarcaron promotores inmobiliarios, bancos, aseguradoras y otras compañías con posibles ante las previsiones de obtener una buena rentabilidad y que hoy afrontan la realidad de ver cómo las camas se quedan vacías.

La plena ocupación de que gozaba el sector hace un par de años ha ido disminuyendo poco a poco. En la Comunidad de Madrid existe un 20% de camas disponibles, las que han dejado vacantes unas 8.000 personas mayores. Y a algunas no les ha quedado otra que echar el cierre. “Tengo constancia de que al menos han cerrado tres en los últimos cuatros meses”, apunta Pilar Ramos, directora general de la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia (Amade).

El desempleo al que se ven abocados los descendientes está detrás de este aumento de las camas vacías en los centros de la tercera edad. “Cuando el subsidio por desempleo se acaba los mayores dependientes son llevados de nuevo a casa, con lo que la pensión se ha convertido en parte del ingreso familiar desde hace dos años”, asegura Ramos.

A nivel nacional, la incidencia de este aumento del desempleo, de un millón de personas el pasado año, pasará factura, y se dejará sentir sobre un sector que hasta hace un año “creaba empleo, ahora solo lo tratamos de mantener”, subraya Ramos.

Sar, Quavitae, Ballesol, Eulen, Sanitas Residencial y el Grupo Amma lideran un sector en el que también cuentan con una presencia notable Sanyres (del Grupo Prasa), Geriatros, Care, Caser, Adavir, Artevida, Casablanca, Valdeluz o Personalia.

El conjunto de las gestoras de residencias mantuvo en 2011 la tendencia a la ralentización en el crecimiento iniciada en 2009 -en un contexto de contracción del poder adquisitivo de las familias y de dificultad para realizar inversiones en nuevos proyectos de apertura de centros-, con una cifra de negocio de 2.475 millones de euros, prácticamente la misma que un año antes, según el informe anual que realiza sobre el sector la consultora Dbk.

Por lo que respecta a los ingresos del sector, el mayor volumen procedió de la gestión de plazas privadas, que en 2011 reportó unos 1.610 millones de euros, el 65% de la facturación total. Mientras que el negocio derivado de la gestión de plazas concertadas fue el que mostró un mejor comportamiento, con 557 millones de euros, lo que supuso el 22,5% del mercado, y la gestión privada de plazas públicas reunió el 12,4% restante, con unos 308 millones.

La consultora estima que en 2012 el mercado se situará en unos 2.425 millones de euros, un 2% menos que en 2011 y que podría disminuir hasta los 2.400 millones en 2013, debido a la reducción de los índices de ocupación, a la fuerte competencia de precios y al difícil acceso a la financiación que limita la expansión y propiciará el cierre de centros.

El número de plazas en residencias privadas pasó de 260.643 en 2010 a 262.280 en 2011, lo que supuso un crecimiento del 0,6%, sustentado únicamente en el incremento de las plazas concertadas con la administración pública, que contrasta con el estancamiento de la dotación de plazas privadas puras. Si sumamos las plazas de los centros públicos, España ronda las 345.000 plazas disponibles en casi 5.500 centros, de los que 1.500 son públicos y el resto privados.

En cuanto a la estructura de la oferta, la atomización sigue siendo la nota predominante a pesar de la expansión de los grandes grupos del sector registrada a lo largo de la pasada década. Así, los diez primeros operadores reunieron una cuota de mercado conjunta en términos de valor del 30,7%.

Con ser importante, el de la salida de mayores de las residencias no es el único problema que la crisis ha provocado en el sector. Las ayudas o, mejor dicho, la falta de ayudas de la administración pública por esa falta de recursos es otro de los grandes hándicaps con los que las empresas del sector deben apechugar cada día.

Y es que, con la entrada en vigor de la Ley de Dependencia en enero de 2007, los precios de las residencias deberían estar subiendo en lugar de bajando debido a las exigencias que las administraciones imponen para que los establecimientos cumplan con un sinfín de requisitos a todos los niveles, tanto de instalaciones como de personal.

Las empresas cumplieron. Se invirtieron muchos millones confiando en el respaldo público, pero este no se está produciendo. “Cada vez que vamos a un concurso público se nos pide de todo, pero luego las ayudas comprometidas no llegan”, lamenta la directora general de Amade.

Con ese nuevo marco legal se incrementó el número de plazas concertadas -las que subvencionan las comunidades autónomas en centros privados-, pero el precio que pagan por ellas está por debajo del mercado, con lo que, en teoría, se deberían subir los precios de las plazas no concertadas para compensar el déficit. Así pasó entre 2008 y 2010, pero ahora no es posible, según los expertos, y ni bajando precios se logra ocupar las camas.

Un fenómeno, el de la no ocupación que descuadra todos los balances. Para que una residencia equilibre sus cuentas necesita tener cubiertas por encima del 90% de sus plazas. En muchos centros ya está por debajo del 70%. Y mientras los ingresos caen, los gastos, para cumplir con la Ley de Dependencia, no hacen más que subir. En los últimos 20 años se ha doblado el ratio de personal por paciente, con un profesional por cada dos usuarios.

La crisis se percibe también en la no creación de nuevos centros. “Solo uno de nuestros asociados ha acometido una reforma en uno de los centros en los dos últimos años y porque ya lo tenía todo proyectado cuando empezó la crisis”, comenta Pilar Ramos.

Desde el punto de vista de la inversión, este nicho de mercado supuso a finales de los noventa y principios del presente siglo la entrada de sociedades de capital riesgo. Existía un potencial de crecimiento, tanto por la necesidad de contar con centros modernos como por la posibilidad de acceder a una cuota relevante de mercado, y así lo vieron empresas como 3i, Torreal o la Corporación Alba, al tomar participaciones en grupos punteros como Ballesol, Quavitae o Sar. Pero al final los números empezaron a no salir en el corto plazo y este capital salió del negocio para dejarlo en manos de las grandes empresas aseguradoras.

El problema de la falta de recursos de las administraciones para otorgar las ayudas públicas que tienen las residencias es el mismo al que se enfrentan los centros de día. Desde Amade se espera que hoy jueves el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid prorrogue una partida de cinco millones para que puedan seguir adelante 43 pequeñas empresas que cubren los servicios asistenciales de 1.700 personas mayores.

Fuente: Juan Carlos Martínez (El País).


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