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El ‘tercer sector’ y la restauración colectiva
El ‘tercer sector’ y la restauración colectiva
MARIO CAÑIZAL es economista, con más de 35 de experiencia en el sector alimentario de los que 20 en hostelería. Autor de tres libros sobre restauración moderna, es profesor invitado en el ‘Máster de Gestión de la Restauración’ del CETT y el Basque Culinary Center. Ha sido consultor de empresas y en la actualidad es vicepresidente ejecutivo de ANTA (Asociación para el Desarrollo Tecnológico de la Hostelería). @: gestion@anta-asoc.org

El ‘tercer sector’ y la restauración colectiva

02-04-2015

Leer o escuchar cada día que la pobreza y la exclusión social crece, sabiendo que existen herramientas y profesionales que pueden ponerse al servicio de soluciones que al menos la puedan frenar o estabilizar, no deja más opción que pensar que a los que corresponde defender el derecho a la alimentación no cuentan con criterios capaces de abrazar nuevas ideas y aportaciones.

Ignoro si en el resto del Estado Español el término ‘tercer sector’ se interpreta como en Catalunya; es decir, como el conjunto de individuos que están bajo un régimen de exclusión social, pobreza y desigualdad… un colectivo fruto de los tiempos en que vivimos. Podríamos hablar de un capitalismo salvaje que impera en ‘los mercados’ y que, en sociedades como la nuestra, lleva hacia ese ‘tercer sector’, todo lo que no cuadra en unos presupuestos económicos, donde el bienestar social es un término que no existe.

Tampoco sé si en el resto de España, los medios profesionales publican tantas noticias sobre el ‘tercer sector’ como en Catalunya; aquí es corriente que aparezcan datos y cifras cuya lectura y análisis, pone los pelos como escarpias a quienes son sensibles a injusticias y desigualdades en el terreno social y en especial a la seguridad alimentaria, entendida como el derecho a la alimentación de la ciudadanía.

Recientemente, por ejemplo, la Taula d´entitats del tecer sector social de Catalunya, ha publicado y difundido el informe ‘Dignificar y defender el derecho a la alimentación’ donde entre otros temas, se denuncia que los actuales índices de pobreza y desigualdad en Catalunya, “ponen en riesgo de fractura, el derecho a una alimentación suficiente y saludable”, calculándose en 320.000 personas las que pueden situarse ante tal panorama.

En Catalunya, se encargan de atender a este colectivo los bancos de alimentos de las cuatro provincias y Cruz Roja. Ambas entidades se las ven y se las desean para administrar los escasos recursos que llegan de la UE y del Estado Español… recursos que han menguado de tal manera que, el nivel de asistencia actual, se sitúa en los niveles del año 2004 y sin previsiones de mejora.

Además, respecto a la provisión de alimentos, se perderán en breve recursos en favor de aspectos relacionados con la vivienda, higiene y la formación. Según el informe citado, las alternativas para paliar el problema alimentario se deberán buscar en la lucha contra el desperdicio alimentario (mucho que hablar sobre su encaje en este contexto) y el soporte empresarial (muy vinculado a acciones de responsabilidad social corporativa).

Cocinas centrales con vocación de asistencia social

Llegados a este punto mi pregunta sería ¿por qué se soslayan las experiencias en materia de alimentación colectiva, en el entorno del derecho de alimentación de las personas con riesgo de exclusión social? Y no me refiero a organizar comedores sociales, que ya se hace, sino a ofrecer soluciones tecnológicas y ponerlas al servicio de dar de comer a multitud de personas. En definitiva, ¿por qué no se crean cocinas centrales con plena vocación de asistencia social, que permitan optimizar los recursos? De esta forma podría desvincularse el servicio al ‘tercer sector’, de las soluciones altruistas de las empresas o de la lucha contra el desperdicio alimentario.

Los profesionales de la restauración colectiva, conocen perfectamente lo que puede costar una ración alimenticia, sana, segura y suficientemente equilibrada, desde el punto de vista nutricional; saben de su versatilidad y flexibilidad en condiciones de espacio y tiempo. También saben que existe una oferta actual en multitud de entidades, totalmente infrautilizada, como consecuencia de los recortes presupuestarios. ¿Por qué no facilitar algún tipo de ‘tarjeta-monedero’ para que las personas con necesidades puedan ir a comer a la cafetería de un hospital público, por ejemplo?

Ha habido experiencias como la de Fundació Futur que no han prosperado todo lo que debieran. Por otra parte, las administraciones locales no se han atrevido a asumir iniciativas tales como facilitar terrenos y financiación para proyectos de cocinas centrales, que se pudieran gestionar directamente o mediante concesión a terceros. Desde mi punto de vista, así se podría facilitar el acceso al derecho a la alimentación, a los colectivos de este ‘tercer sector’.

Leer o escuchar cada día que la pobreza y la exclusión social crece consolidándose en nuestra sociedad, sabiendo que existen herramientas y profesionales que pueden ponerse al servicio de soluciones que al menos la puedan frenar o estabilizar, no deja más opción que pensar en que a los que corresponde defender el derecho a la alimentación de todos los ciudadanos no poseen por su procedencia, ideología o representatividad, unos criterios lo suficientemente armonizables, como para que nuevas ideas y aportaciones puedan ser abordadas.

No dudo del mérito y eficacia de la estructura actual de asistencia, pero en los tiempos que vivimos, hay más alternativas.

En un año de elecciones como el actual, donde parte de los artífices de las políticas económicas y sociales van a ser relevados, nos queda la esperanza de que un tiempo nuevo va a llegar, también a al ‘tercer sector’.


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