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Comedor escolar: ¿quién vigila al vigilante?
Comedor escolar: ¿quién vigila al vigilante?
JUAN REVENGA ejerce de dietista-nutricionista como consultor, trabajo que compagina con el de profesor en la Facultad de CC de la Salud (Universidad San Jorge) y con labores de divulgación en materia de nutrición, alimentación y salud. Tiene un blog en el portal de ‘20 Minutos’: El nutricionista de la general

Comedor escolar: ¿quién vigila al vigilante?

06-02-2014

Quis custodiet ipsos custodes? Este viejo dilema que puso de relieve el poeta latino Juvenal también se puede aplicar a las cuestiones dietéticas en los comedores escolares. Así al menos me lo parece a mí… a ver qué os parece el actual panorama, cambiante en función de la CCAA de que se trate, pero bastante descorazonador en todos los casos.

En 2011 se publicó la Ley de seguridad alimentaria y nutrición, con la que las autoridades sanitarias abordaban, al menos en el plano legislativo, muchas de las cuestiones relativas a la garantía de la seguridad alimentaria y la adecuada nutrición de la población en general, con especial atención a la publicidad de alimentos (capítulo VIII) y a la cuestión de la obesidad (capítulo VII). En este último capitulo se hace una especial mención a las condiciones de los comedores escolares, afirmando que: “Las autoridades competentes velarán para que las comidas servidas en escuelas infantiles y centros escolares sean variadas, equilibradas y estén adaptadas a las necesidades nutricionales de cada grupo de edad. Serán supervisadas por profesionales con formación acreditada en nutrición humana y dietética”.

Posteriormente, las CCAA han interpretado a su antojo esta ley (para eso tienen este tipo de competencias cedidas, aunque no sea de recibo que distintos ciudadanos españoles gocen de servicios diferentes en este sentido en virtud de donde vivan) y, por lo que sé, algunas han redactado una Guía de comedores escolares con una serie de directrices a cumplir por los centros y a vigilar por las autoridades. Este que cuento es al menos el caso de la CCAA de Aragón que me toca más de cerca (puede contrastar la guía en cuestión en este enlace).

En este tema hay tres cuestiones candentes. Por un lado el determinar qué perfil profesional han de tener las personas encargadas de realizar la supervisión y que tengan “formación acreditada en nutrición humana y dietética” (página 18 de la mencionada guía y artículo 40.3 en la ley). Aunque la respuesta parece de cajón ya que en principio el prototipo de profesional que cumple con este perfil es el dietista-nutricionista, la administración cuando es consultada a este respecto se va por las ramas y vuelve a colgar el sanbenito ninguneador a este colectivo. Desconozco lo acontecido en otras CCAA pero, al menos en el la comunidad balear, el Colegio de Dietistas–Nutricionistas de las Islas Baleares preguntó de forma explícita a la administración quién sería este profesional y esta contesto tras una disertación de más de dos hojas (para verla) que aunque se reconoce que el dietista-nutricionista es el que posee la formación específica, esta labor la puede abordar cualquiera que haya estudiado algo de estas materias (sin entrar en demasiados detalles de con qué profundidad).

El no contar con la mejor de las posibles opciones disponibles me parece un error. Un error importante que además tiene sus consecuencias. Sin ir más lejos, el pasado año este mismo Colegio Balear redactó un informe técnico sobre la adecuación de las comidas de los centros escolares de esta CCAA a la Ley de seguridad alimentaria y nutrición y las conclusiones no fueron precisamente positivas.

Otra de las cuestiones que quería comentar hace referencia a quién se encarga de redactar las famosas guías de comedores escolares. En este caso, vuelvo a Aragón para poner de manifiesto un hecho cuando menos chocante, y es que en la redacción de la mencionada guía no se contó con el Colegio Profesional de esta comunidad autónoma; ya no sólo para su confección, sino que ni tan siquiera se consultó su opinión al respecto en ningún momento. Una actitud que tiene dos lecturas claras: por un lado, se pone de relieve que las administraciones (la aragonesa en este caso) no tienen ninguna intención de dar, a priori, el mejor servicio a sus ciudadanos ya que para ello se debería haber contado con el colectivo que agrupa de forma reconocida a esta profesión; por el otro, el acostumbrado desplante hacia una profesión que, al parecer, hay quien se esfuerza de manera activa para que no levante cabeza.

La última de las cuestiones que quería comentar sobre este asunto es plantear la duda de quién dentro de la administración se encarga de hacer las correspondientes inspecciones que hay que hacer a los colegios e institutos, es decir, qué formación académica tienen esas personas. Lo digo porque por lo que a mí me consta, en el Gobierno de Aragón no hay (ni anteriormente ni en la actualidad) ningún dietista-nutricionista realizando esas funciones. Además, por lo que me han comentado (y he contrastado) algunos directores de colegio que han sufrido alguna de estas inspecciones, afirman que los inspectores se ciñen de forma poco argumentada a lo contenido en la guía en cuestión. Una guía que es excesivamente ‘rígida’ por una parte y desde mi punto de vista, mejorable en cuanto a la planificación de menús.

Así pues, ¿qué garantías tenemos de que se está haciendo lo mejor en este sentido? En mi opinión pocas. No digo que se esté haciendo mal, digo que, además de hacer las cosas bien hay que aparentar que se están haciendo bien (me refiero a lo de la mujer del César y todo ese rollo). Creo, además, que el hacerlo mejor no implicaría un especial sobrecoste; quizá más al contrario, una mejor inversión redundaría en un mejor servicio. Algo importante a tenor de las implicaciones que tienen estos temas.


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