A debate la nueva Ley de Contratación Pública: el precio sigue estando en el punto de mira

Mesa sobre la nueva Ley de Contratación Pública. De izquierda a derecha, Begoña Fernández, Paloma Fernández-Aller (moderadora), Alejandro Ferrández y Clara Morán.
Alejandro Ferrández, director de Operaciones de Mediterránea.
Begoña Fernández, directora general de Contratación y Servicios del Ayuntamiento de Madrid.
Clara Morán, abogada de Global Pacta.

A debate la nueva Ley de Contratación Pública: el precio sigue estando en el punto de mira

21-11-2018

La nueva Ley 9/017 de Contrato del Sector Público ha vuelto a traer a la palestra una vieja reivindicación del sector: que el precio deje de ser el criterio determinante a la hora de adjudicar un contrato. Parece ser que este escenario va a cambiar y el precio será un criterio más. Sin embargo, las empresas de restauración social y colectiva aún no han visto reflejado este hecho en los escasos concursos en los que han participado desde su puesta en vigor el pasado 9 de marzo. ¡Tiempo al tiempo!

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Con la publicación de la Ley 9/017 de Contrato del Sector Público, las empresas mantienen buenas expectativas en lo referente a que la adjudicación de concursos públicos pueda traer mejoras en su gestión y competitividad. Según indicó al respecto Alejandro Ferrández, director de Operaciones de Mediterránea, en una de las sesiones plenarias del CRC18 celebrado en Madrid el pasado 6 de noviembre, “España ha recibido varios toques de atención por parte de la UE en el sentido de que era necesario tomar decisiones en la modalidad de contratación pública, porque hasta la fecha se estaban utilizando procedimientos que no son transparentes, que son opacos y no generan competitividad. De lo que se trata es de maximizar cada euro invertido en compra pública” -indicó el ponente. De ello se concluye que, transparencia, competitividad y el máximo de licitadores son parte de los objetivos de la nueva Ley. “De hecho, la UE ha estimado que el 50% de los contratos de este país sólo tenían un licitador. Si solo hay un licitador, algo falla: ¿el procedimiento?, ¿la concurrencia?…”.

Visto todo lo anterior, en el año 2016 la UE advirtió a España de que tenía que cambiar la Ley de Contratos del sector público, y además señaló una serie de medidas a poner en marcha y unas recomendaciones, tales como la necesidad de generar concurrencia en sus contratos públicos, y que los concurrentes cumplan con el perfil del contratante del estado. En la actualidad sólo cumplen con este perfil el 25% de los contratos.

Está claro que estas advertencias por parte de la UE han alentado la promulgación de esta nueva Ley que se adecua a la normativa europea, concretamente a las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE sobre contratos y concesiones del sector público, en las que los legisladores comunitarios han puesto en énfasis el hecho de que a través de los procesos de compra se pueden implementar políticas públicas. “Es un criterio que se adapta a la estrategia 2020 europea hacia un desarrollo inteligente, sostenible e innovador”-aseguró Begoña Fernández, directora general de Contratación y Servicios del Ayuntamiento de Madrid, que intervino en la sesión como representante de la administración. “Con la nueva ley, todas las administraciones públicas tienen la obligación, desde el pasado 9 de marzo, de publicar la planificación de todos los contratos, en nuestro caso a través de la plataforma de contratación del sector público del Ministerio de Hacienda y Función Pública”. Otro de sus efectos más importantes.

¿Y el precio…?

“El precio va a dejar de ser un criterio determinante a la hora de la adjudicación. Hay que desterrar la idea de que las administraciones vamos a utilizar el precio como único criterio y de manera sistemática. Más bien todo lo contrario”, aseguró de forma rotunda Begoña Fernández durante su intervención. “Esto queda claro en el primer artículo de la ley, porque se va a tener en cuenta una nueva configuración de la relación calidad-precio a la hora de adjudicar un contrato”. “Es más -continuó enfatizando la ponente- el artículo 145 y siguiente establecen una serie de criterios por medio de los cuales para determinados tipos de contratos no se va a poder utilizar exclusivamente la subasta o el precio. También, el artículo 149 apartado 11º, menciona específicamente que en aquellos contratos en los que la calidad alimentaria sea referencia, no se podrán gestionar a través de subastas electrónicas”.

Al hilo de todo esto las empresas se mantienen a la expectativa, porque el deterioro de los servicios en los que sólo primaba el precio como criterio, debido a la crisis, ha sido más que evidente. Alejandro Ferrández entiende que parece que se pretende fomentar una mayor calidad de los servicios, no priorizando la vía precio. De hecho, algunos aspectos de la ley indican que esto puede ser posible. “Estamos observando ya cómo en la publicación de algunos concursos la ley quiere que se cumplan los convenios sectoriales, que se fomente el empleo y la capacidad de mejorar socialmente el servicio. Y para ello está primando éstos y otros criterios, y si el servicio es más caro, pues el precio será el que sea necesario. Ya no estamos hablando de precio, si no de un criterio de rentabilidad social, y este enfoque está ahí”.

Pero las empresas, a pesar de las expectativas positivas, se plantean de qué manera estas mejoras se van a ir introduciendo en la práctica. “Una vez que se han publicado los escasos concursos a partir del 1 de marzo… ¿hemos visto algún cambio sustancial? Nuestra empresa ha notado pinceladas, pero no acabamos de ver todavía estos objetivos fundamentales implantados al 100%. ¿Lo veremos con el tiempo?. Para nosotros es muy importante, luchar por el fomento de la calidad de los servicios y para que la incidencia del precio no tenga el valor que ha tenido hasta ahora. Hay que fomentar la transparencia, la competitividad, y mejorar la información y la concurrencia” -concluyó Alejandro Ferrández.

Además, Begoña Fernández también señaló otros efectos a tener en cuenta de este nueva Ley de Contratos del Sector Público: menos exigencias burocráticas y simplificación en la aportación de documentación, “acabaremos operando con un único documento para toda la UE”; y la incorporación de cláusulas sociales y ambientales como criterios de adjudicación y como condiciones especiales de ejecución. Sin olvidar el coste del ciclo de vida que se enmarca en la economía circular”.

En el capítulo de la sostenibilidad es de destacar la intervención sobre compras públicas verdes de Clara Morán, abogada de Global Pacta, que abordó la normativa europea conocida como Green Public Procurement (GPP) UE, por la que, según comentó la ponente, “las autoridades públicas tratan de adquirir bienes, servicios y obras con un impacto medioambiental reducido durante su ciclo de vida, en comparación con el de otros bienes, servicios y obras con la misma función primaria que se adquirirían en su lugar”. El GPP deviene del Real Decreto 6/2018, de 12 de enero, por el que se crea la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios ecológicos en la contratación pública. Una normativa que viene de Europa y a tener muy en cuenta por el sector.

Fiori Calvo es licenciada en Ciencias de la Información y periodista especializada en restauración, alimentación y tecnología alimentaria. Ha trabajado durante 18 años en revistas del sector horeca, incluida una conocida publicación técnico-empresarial del sector de restauración social y de colectividades. También ejerce su actividad profesional como asesora y consultora de comunicación. @: fioric@telefonica.net

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